La Ciudad Autónoma de Ceuta se ha sumado al camino emprendido por la Comunidad de Madrid y ha sancionado su propia regulación del juego, en un intento por conseguir recursos económicos provenientes de esta actividad, y proteger a los jugadores que elijan internet como plataforma para sus apuestas.

No habiendo una regulación nacional para las apuestas y el juego online, las comunidades autonómicas han decidido aprobar sus propias legislaciones. Madrid ya lo ha hecho y Ceuta es la segunda comunidad. Cataluña también está en ese proceso.

El reglamento para juegos y apuestas ya había sido aprobado en septiembre del 2009 por el Consejo de Gobierno, y fue aprobado en marzo de este año por el Pleno, atendiendo al estatuto de la Comunidad que habilita al gobierno a legislar en materia de casinos, apuestas y juegos. El proyecto se encuentra en Bruselas, esperando la confirmación del Consejo Europeo para su puesta en marcha.

La regulación incluye tanto a las empresas que tienen locales físicos de apuestas, como a aquellas que quieran ofrecer sus servicios por internet. En la actualidad las cadenas Sportium y Victoria, de las empresas Cirsa y Codere, ya tienen locales funcionando en varias ciudades españolas. El objetivo es, además de recaudar impuestos sobre las ganancias de estas empresas, posibilitar “una regulación que garantice los derechos de los participantes y asegure una óptima organización de la actividad”.

Según esta ley, las empresas que deseen ofrecer apuestas online deberán pertencer a una persona jurídica española o perteneciente a la UE, además de tener sede social en la Comunidad y presentar avales por 200.000 euros. El marco fiscal estará controlado por la Conserjería de Hacienda, que verificará los antecedentes y solvencia de las empresas que soliciten los permisos de funcionamiento.

Por el lado de las empresas que ofrecen juegos y apuestas por internet, el hecho de que cada comunidad tenga su propia regulación puede suponer algunos problemas, como el de la obligatoriedad de tener sede social en cada una de ellas, y presentar avales en todos los casos. Esto implica, obviamente, un aumento de los costos, sobre todo cuando cada Comunidad fija sus propias exigencias. Un ejemplo es el caso de Madrid, donde los avales exigidos alcanzan los 12 millones de euros.

El reglamento de Ceuta también contempla la ubicación física de los locales de apuestas en zonas determinadas, para determinar lo cual se acudió a la ayuda de expertos de la Comunidad de Madrid.