La Asociación Española de Casinos de Juego, la Confederación Española de Organizaciones del Juego del Bingo y la Confederación Española de Empresarios del Juego han decidido, finalmente, lanzar la primera piedra en esta batalla contra las empresas de juego online, culpables de tantos desvelos entre los empresarios del juego tradicional.

El lunes pasado presentaron sendas denuncias antes las autoridades de todas las comunidades autónomas, como así también en el Ministerio del Interior y en la Agencia Tributaria. Como ya había advertido FAMAR en su momento, consideran que las empresas de juego online representan una competencia desleal debido a que operan en forma ilegal. Los empresarios decidieron el inicio de acciones legales ante lo que consideran pasividad del gobierno nacional, que prometió la sanción en forma inminente de una regulación, cosa que, finalmente, no se ha cumplido y no parece que se hará en los próximos meses.

La solicitud de medidas cautelares contra las empresas de juego online no ha recibido aún respuesta de parte de las autoridades. Entre estas medidas solicitadas se encuentra el retiro de publicidades (que incluye las que llevan en la camiseta los jugadores de varios equipos españoles), lo que no es un tema menor, teniendo en cuenta que hay de por medio millones de euros en patrocinios acordados en forma legal.

Los operadores de juego online, por su parte, reiteran su voluntad de entrar en el marco fiscal correspondiente ya que, aducen, para ellos se trataría sólo de “un cambio de domicilio”, debido a que ya pagan impuestos en los países donde tienen asentadas sus sedes sociales, según dice AEDAPI. Se calcula que el impuesto a pagar por estas empresas estaría alrededor del 10% de las ganancias, acorde a que lo que actualmente pagan las apuestas deportivas según la regulación de la Comunidad de Madrid. Los bingos pagan en la actualidad un 24% en concepto de impuestos, cifra muy alejada del 10% mencionado.

De no atenderse sus reclamos, las asociaciones mencionadas al principio amenazan con llevar su denuncia a la Fiscalía General del Estado, por considerar que habría connivencia de las distintas administraciones. Este sería un paso grave y difícil, por lo que es probable que haya un acuerdo de algún tipo antes de que la sangre llegue al río.